El Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar expresó en un comunicado que la Primera Convención Colectiva Única del sector universitario “no se fundamenta en preceptos constitucionales que establecen el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ni en el artículo 9 de la Ley de Universidades vigente, extralimitando su alcance y asumiendo competencias que le son propias a las universidades en razón de su autonomía”.

Para el Consejo Directivo, la Convención Colectiva “pretende imponer cambios sustantivos en el quehacer y funcionamiento” sin la participación y discusión de todos los miembros de la comunidad universitaria.

El comunicado, que fue acordado en la sesión extraordinaria del cuerpo celebrado hoy 4 de julio, señala que la Convención Colectiva “carece de legitimidad de origen al no haber sido discutida por los representantes legítimos de los profesores universitarios, agremiados en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios Venezolana (Fapuv)”.

Además, “desnaturaliza el concepto de profesor universitario establecido en el artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y particularmente en la Ley de Universidades vigente en sus artículos 83 y 85”.

El Consejo Directivo también advierte que la Convención Colectiva “desconoce las ‘Normas de Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales’ vigentes, régimen mediante el cual se acuerdan las mejoras salariales para los profesores universitarios”. Asimismo, “desmejora los beneficios económicos adquiridos por los profesores jubilados, desconociendo la progresividad de sus derechos y reivindicaciones, desprotegiendo así a un sector vulnerable de la población que ya dio su aporte al país y a la Universidad venezolana”.

Con base en estos argumentos, el Consejo Directivo acordó alertar a la sociedad venezolana sobre “las consecuencias negativas que traerá para la educación superior y el desarrollo del país, la aplicación de la Primera Convención Colectiva Única”.

Además, exige al Ejecutivo Nacional “la creación de espacios de discusión y de diálogo franco y abierto, con las autoridades universitarias, los representantes legítimos de los profesores (Fapuv), estudiantes, empleados administrativos y obreros universitarios y demás sectores de la sociedad interesados en la problemática universitaria”.